La Fiscalía mexicana emitió una orden de aprehensión contra Guillermo Zuany Portillo, exjefe de policía y exfiscal de Chihuahua, señalado como el principal socio de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en esa entidad. Zuany se encuentra prófugo. El caso se suma a la revelación de que la agencia estadounidense operó de forma encubierta en territorio mexicano, una práctica que la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado de manera reiterada como una violación a la soberanía nacional.
De acuerdo con reportes del diario The New York Times, basados en nueve fuentes mexicanas y estadounidenses entre funcionarios y agentes, la CIA buscó en 2025 ampliar su papel encubierto en México. Según esa información, la agencia capacitó a fuerzas de Chihuahua y participó en algunas operaciones durante más de seis meses. Una carta del gobierno mexicano dirigida al FBI, también citada por el diario, habría confirmado parte de esa colaboración.
El caso tiene además un componente de seguridad de alto impacto. En abril, un vehículo que transportaba a dos agentes de la CIA cayó por un barranco y murieron cuatro personas. La investigación mexicana concluyó que se trató de un accidente. Algunas operaciones en las que participó la agencia terminaron con los objetivos escapando, lo que alimentó sospechas de filtraciones de información.
En el ámbito judicial, el exfiscal general de Chihuahua César Jáuregui fue detenido bajo la acusación de traición a la patria. Jáuregui niega haber tenido conocimiento de la presencia de la CIA en el estado y atribuye lo ocurrido a un comandante de la policía estatal fallecido. Por su parte, Zuany niega cualquier irregularidad. La CIA declinó hacer comentarios.
Testigos citados en la investigación sostienen que Zuany habría sido cómplice en el asesinato de dos policías ocurrido en 2022, y al menos uno de ellos ingresó al programa de protección de testigos de Estados Unidos. Medios estadounidenses señalan que la CIA trabajó con Zuany pese a advertencias sobre su historial. En 2024, la visa estadounidense de Zuany fue revocada por presuntos vínculos con el crimen organizado, y posteriormente le fue restituida.
El gobierno federal mexicano sostiene que los funcionarios de Chihuahua actuaron al margen de la ley, sin autorización federal. Tras una operación antidrogas en el estado, México expulsó a dos agentes de la CIA. La situación vuelve a poner en el centro del debate binacional los límites de la cooperación en seguridad y la soberanía en la lucha contra el narcotráfico.
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