La Fiscalía General de la República (FGR) tramita la repatriación de Inés Gómez Mont, expresentadora de televisión que se encuentra detenida en un centro migratorio de Florida, Estados Unidos. Así lo confirmó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, durante su conferencia matutina. La mujer está señalada por la justicia mexicana por fraude fiscal y delincuencia organizada, y es considerada prófuga de la justicia mexicana desde 2021.
De acuerdo con la información difundida, las autoridades migratorias estadounidenses detuvieron a Gómez Mont el 30 de octubre. La FGR, dirigida por Ernestina Godoy, solicitó su detención provisional con fines de extradición. La petición fue formulada a Estados Unidos desde septiembre de 2025, es decir, después de que la acusada abandonara el territorio mexicano. Según las autoridades mexicanas, la colaboración reciente entre ambos países incluyó el intercambio de información y la entrega de mandamientos judiciales, instrumentos que sustentan las órdenes en su contra.
Gómez Mont enfrenta tres órdenes de captura emitidas en México: una por delincuencia organizada y dos por defraudación fiscal. La FGR sostiene que su detención actual está vinculada a su situación migratoria, por lo que la decisión sobre si será deportada o extraditada corresponde a las autoridades estadounidenses. Las autoridades mexicanas se comprometieron a ejecutar las órdenes de aprehensión en cuanto la acusada llegue al país.
Las investigaciones describen una presunta red de empresas fantasma utilizada para desviar recursos. Según los datos citados, se atribuye a esa red el desvío de 2 mil 450 millones de pesos de un órgano penitenciario, así como una presunta evasión fiscal superior a 13 millones de pesos. Los recursos habrían sido recibidos en cuentas bancarias a nombre de la acusada, lo que constituye la base de los cargos por defraudación fiscal que pesan sobre ella.
La defensa de Gómez Mont promovió un recurso de habeas corpus con el objetivo de obtener su excarcelación, un trámite que busca revisar la legalidad de su privación de la libertad. En paralelo, se aplica el principio de presunción de inocencia: los cargos que se le imputan no han sido probados en un proceso judicial y deberán ser valorados por una autoridad competente.
El caso se encuentra en una etapa de trámite entre las autoridades de ambos países, sin una fecha definida para la entrega de la acusada a México. Mientras tanto, la situación legal de la expresentadora permanece sin definirse, y el destino final del procedimiento dependerá de la resolución de las instancias migratorias y judiciales de Estados Unidos.
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